Estado

Se acelera la transformación digital del Estado en municipalidades y otros servicios públicos

Ramón Rivera Notario

La transformación del Estado continúa su marcha hacia los objetivos fijados con la promulgación de la ley del mismo nombre hace un año. Y este mes, el Presidente Piñera firmó el decreto que establece la gradualidad de este proceso, donde se dispone que los primeros organismos en desplegar la transformación sean la administración central del Estado, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas y de Orden, los gobiernos regionales y las municipalidades.

Las metas y los plazos están claramente establecidos. Según explica la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, las comunicaciones oficiales entre organismos públicos deben ser 100% electrónicas a fines de 2022. Esto se hará en una plataforma llamada DocDigital.

La misma fecha tiene como objetivo el que las comunicaciones oficiales de parte del Estado hacia cada ciudadano sean realizadas a través de notificaciones electrónicas.

Un año después de eso deberán estar digitalizados todos los trámites, de acuerdo con el decreto. En todo caso, según el Gobierno, ya el 63,5% de los trámites de la administración central del Estado están digitalizados. Una meta previa es, para diciembre de 2021, alcanzar la digitalización del 80% de estos.

Finalmente, para las postrimerías de 2024 debería estar implementada la “interoperabilidad de las instituciones”, es decir, que una persona no deba presentar certificados o documentos que ya estén en manos del Estado, sino que los distintos servicios puedan compartirse automáticamente esa información.

Según la Dirección de Gobierno Digital, el funcionamiento de la plataforma DocDigital ahorraría al Estado unos US$ 560 millones anuales en “papel, gestión de documentos y bodegaje”, de estos, donde tan solo la Plataforma de Notificaciones del Estado evitaría al país gastar unos US$ 40 millones en cartas certificadas. También se ganaría tiempo: la misma entidad cita un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2018 al señalar que “un trámite en línea demora en promedio 74% menos que uno presencial y es un 90% más barato”.

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